El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 35 millones de euros a procesos de Formación Profesional (FP) que permitirá desarrollar cerca de 670 cursos y llegar a más de 10.000 personas en toda la región.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico ha aprobado esta inversión destinada a acciones de formación profesional en el ámbito laboral dirigidas principalmente a personas desempleadas para el año 2026.
Así lo ha anunciado la consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha subrayado que esta iniciativa supone una apuesta estratégica por la formación de calidad y por la generación de nuevas oportunidades laborales, especialmente para quienes encuentran «más dificultades» para acceder o mantenerse en el mercado de trabajo.
Acciones formativas diseñadas en coordinación con las empresas
Estas acciones formativas están diseñadas en coordinación con las empresas y con las necesidades reales del mercado laboral, en colaboración entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Consejería de Educación.
«Trabajamos directamente con las empresas de Castilla-La Mancha y allí donde nos dicen que existe más demanda de empleo en una formación concreta es donde actuamos con este tipo de convocatorias», ha indicado.
Las acciones formativas forman parte del catálogo oficial de especialidades y muchas de ellas permitirán obtener certificados profesionales, facilitando así la acreditación de competencias y mejorando las posibilidades de acceso al empleo.
En este sentido, el grueso de la inversión, concretamente 28,5 millones de euros, irá destinado precisamente a acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados profesionales.
Para entidades de formación públicas o privadas
La convocatoria está dirigida a entidades de formación públicas o privadas acreditadas o inscritas con presencia en Castilla-La Mancha y tendrá un marcado carácter social, ya que prioriza a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.
Entre los beneficiarios preferentes se encuentran personas desempleadas de larga duración; personas con baja cualificación; mayores de 45 años; jóvenes con dificultades de inserción; personas con discapacidad; mujeres víctimas de violencia de género; personas en situación de exclusión social; migrantes con arraigo para la formación; y personas LGTBI, especialmente personas trans.
«Las oportunidades no pueden depender del lugar donde se viva, de la edad que se tenga o de la situación personal de cada uno», ha afirmado Padilla, quien ha defendido que la formación «tiene que llegar a todo el que quiera mejorar su cualificación y especialmente a quienes más la necesitan».
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